A 57 años de la Reforma Agraria, desde Ad Kimvn conmemoramos esta fecha reivindicando la demanda por la restitución de tierras y la única, aunque truncada respuesta política que nuestro Pueblo Mapuche ha recibido, en toda la historia de nuestra relación con el Estado de Chile.
Si bien el proceso de Reforma Agraria vivido en Chile en la década del 60 no se caracterizó por una consideración de los derechos indígenas, sí fue escenario para las históricas reivindicaciones del Pueblo Nación mapuche por la restitución de sus tierras usurpadas por el propio Estado chileno, tras la invasión militar de Gulumapu y la posterior entrega de cientos de miles de hectáreas a particulares y colonos.
En el corazón de la reforma agraria estaba el interés por reivindicar el acceso a la tierra por parte del campesinado, que en su mayoría era no mapuche, por lo que ambas luchas, la reivindicación campesina y la restitución de tierras mapuche corrían por distintos cauces y su materialización también tuvo sus propias particularidades de lado y lado, lo que no impidió que ambas causas, en algún momento, compartieran ideales y acciones políticas.
Contexto latinoamericano
En un contexto social y político latinoamericano álgido y esperanzador para la clase trabajadora, marcado por el triunfo de la revolución cubana de 1959, que terminó con la dictadura de Fulgencio Batista y rompió con la hegemonía de Estados Unidos, surgen en el continente latinoamericano distintos procesos vinculados a la distribución de las tierras.
Además de Cuba, anteriormente, las revoluciones de México (a partir de 1910) y de Bolivia (1952) antecedida por rebeliones de campesinos (desde 1919), mayoritariamente de origen indígena, instalan la demanda por sus derechos a la posesión de la tierra.
En suma, las reformas agrarias que distintos gobiernos de los Estados Nación emprendieron, tuvieron como telón de fondo el cada vez más potente y organizado clamor por cambiar las precarias condiciones que el despojo colonial de los territorios indígenas y el posterior latifundio habían provocado en el campesinado.
Es así como bajo la tutela de Estados Unidos, a través de la Alianza para el Progreso, se instalan reformas agrarias en Brasil, Venezuela, Ecuador, Colombia, Honduras, República Dominicana y Paraguay, donde no se alteraron significativamente los índices de concentración de la propiedad de la tierra, sino que más bien se buscó crear un “colchón” de granjeros medianos entre la masa campesina tradicional y la gran propiedad comercial moderna. La preocupación evidente de Estados Unidos y de los gobiernos latinoamericanos era impedir que se expandiera en el continente el virus de la revolución cubana, según advierte Sampaio Plinio Arruda, presidente de la Asociación Brasileña de Reforma Agraria, en una publicación de 2016.
Plinio, afirma, que en otros países como Guatemala, Perú, Nicaragua, El Salvador y Chile, sí se vivieron reformas agrarias que provocaron “alteraciones significativas en los índices de concentración de la propiedad de la tierra”.
Reforma agraria en Chile
En el caso chileno, a partir de la década del 60, se fue avanzando de forma paulatina durante tres gobiernos consecutivos en la reforma agraria, que fue violentamente detenida tras el golpe de Estado del dictador Augusto Pinochet en 1973 y la posterior dictadura civil-militar.
Si bien, el primer paso a la llamada Reforma Agraria se vivió en el gobierno de Jorge Alessandri en 1962, la llamada Ley macetero, que generó las primeras expropiaciones, fue más bien un intento por acallar el descontento y no modificó las lógicas de explotación campesina, ni la estructura de la tenencia de la tierra.
A partir del gobierno que le precedió, del presidente Eduardo Frei Montalva, se promulgó una nueva ley de reforma agraria en 1967 que estableció, entre otras cosas, el límite de 80 hectáreas de riego básico y que el resto de predios que sobrepasaran esa superficie, podían ser expropiados. En total, las expropiaciones en el gobierno de Frei se contabilizaron en 4 millones de hectáreas, lo que fue acompañado por el reconocido lema: “La tierra es para quien la trabaja”.
La profundización y ampliación del proceso consolidó su avance a partir del gobierno del presidente Salvador Allende, quien incluso implementó un Plan de Emergencia y promulgó una nueva Ley indígena, consensuada con las propias organizaciones mapuche que por esos años exigieron la restitución de sus tierras a través del llamado Cautinazo.
Este hito, el Cautinazo (1969 - 1971) que significó, según algunas estimaciones, la recuperación de más de 200 mil hectáreas por parte del movimiento mapuche de la época, se inició con un gran levantamiento reivindicando la histórica demanda territorial, a través de instancias y acciones políticas como el 1er y 2do Congreso de Sociedades Mapuche y las emblemáticas corridas de cerco y tomas de fundos instalados en antiguo territorio mapuche.
Fue en ese contexto que, en 1968, convergen comunidades mapuche organizadas y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) para dar origen al Movimiento Campesino Revolucionario (MCR) en Cautín. Por esos años también surgen organizaciones como la Cooperativa Lautaro de Lumaco, la Confederación Campesina e Indígena Ranquil, la Unión Campesina Revolucionaria y el Movimiento Netuaiñ Mapu.
La Reforma Agraria de Allende
A modo de concretar las promesas de campaña registradas en el Programa de Gobierno de la Unidad Popular, que incluía en el punto 7 del ítem Reforma agraria que “al pueblo mapuche y demás indígenas se les asegure tierras suficientes y asistencia técnica y crediticia apropiadas”; Allende, en octubre de 1970 ordenó a la Dirección de Asuntos Indígenas la creación de la Comisión de Restitución de Tierras Usurpadas. Luego, recogió parte de las resoluciones de los Congresos Mapuche de 1969 y 1970 para redactar la nueva ley indígena que fue promulgada en 1972.
Para ese entonces la lucha mapuche encontraba cause tanto a través de la vía institucional como de la acción y recuperaciones de hecho llevadas a cabo en los distintos territorios mapuche, conocidos como Carahue, Traiguén, Lautaro, Nueva Imperial y Loncoche, entre otros.
Fue así como, según el libro La reforma Agraria y las Tierras Mapuche, sólo entre enero y febrero de 1971 fueron expropiados 14 predios, que restituyeron más de 13 mil 400 hectáreas a favor de comunidades mapuche. En total, según varias fuentes, durante los 3 años que alcanzó a durar el gobierno de Allende, fueron restituidas cerca de 200 mil hectáreas al Pueblo Mapuche.
Esa fue la primera y única respuesta política concreta que alguna vez un gobierno chileno ejerció ante las demandas y reivindicaciones mapuche.
La defensa al derecho de propiedad, la estructura agraria capitalista y las relaciones de poder impuestas desde el latifundio en el ámbito rural, fueron algunas de las lógicas que se vieron amenazadas tras la intensificación de la reforma agraria, pero sobre todo ante la movilización del campesinado y del Pueblo mapuche. Ello, fue, sin dudas, una de las grandes motivaciones para la organización y ejecución del golpe de Estado en 1973.
La dictadura apenas instalada en La Moneda, se movilizó no sólo por aplacar, a nivel nacional, a toda figura y organización detractora y deshacer el tejido social de la época, sino que con toda su impunidad y salvajismo reprimió, persiguió y asesinó a quienes habían participado de la Reforma Agraria.
Muchas de esas mujeres y hombres son hoy detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, cuyas familias aún exigen justicia. De ellos, al menos, 175 personas tenían origen mapuche.
En términos territoriales, el régimen de facto generó, por un lado, desplazamiento forzado en cientos de familias y, por otro, un nuevo proceso de despojo que quitó a las comunidades las tierras recuperadas y eliminó los Asentamientos, Centros de Producción y Cooperativas Mapuche.
La única respuesta política real que había recibido el pueblo mapuche en toda la historia de su relación con el Estado fue aplacada y extinguida por el golpe de Pinochet y sus secuaces, en un silencio institucional que perdura hasta hoy.
Más allá de las sucesivas comisiones y extensas esperas que deben enfrentar algunas comunidades para el trámite de compra de tierras por la Conadi, luego de la Reforma Agraria y su intensificación entre 1970 y 1973, no ha existido ninguna voluntad política efectiva que busque solucionar la deuda histórica que el Estado chileno mantiene con el Pueblo Mapuche.
Al contrario, en la actualidad, Gulumapu se mantiene militarizado, empobrecido y amenazado por el extractivismo capitalista que insiste con cercar nuestro territorio y extender los abusos que por siglos hemos resistido. Esa, definitivamente, es nuestra única certeza, nuestra capacidad para resistir y seguir existiendo como Pueblo.
